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Fuente : Agencia EFE
Aprobado el seguimiento de recursos y subida del impuesto de matriculación

Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el pasado martes que el Grupo de Trabajo de Análisis Sanitario haga el seguimiento de los recursos destinados a reducir la deuda sanitaria, y que las comunidades puedan elevar el céntimo sanitario, el impuesto de matriculación y fijar uno de electricidad.

Así lo aseguró  en rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien, junto con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presidió la reunión del Consejo, que duró unas dos horas.

Según Solbes, la decisión de que el citado Grupo de Trabajo se encargue del seguimiento de las medidas relativas al gasto sanitario derivadas de la II Conferencia de Presidentes fue aprobada por unanimidad.

No sucedió lo mismo con las propuestas relativas a que las comunidades puedan aumentar, de forma voluntaria, el céntimo sanitario -de los actuales 2,4 céntimos por litro a 4,8- o el impuesto de matriculación -de un 10 por ciento al 15- y a fijar un tipo autonómico de hasta el 2 por ciento sobre el de Electricidad.

Las comunidades del PP presentes se abstuvieron en la votación, según Solbes, quien informó de que no había representantes del País Vasco, de Navarra y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Solbes explicó que, en el caso de la elevación del impuesto de matriculación -que es del 7 o del 12 por ciento, según la cilindrada-, algunas comunidades expresaron sus "dudas" sobre la "eficacia" de la medida.

Al respecto, precisó que, una vez aprobadas estas normas por ley, será necesario que sean aceptada por cada una de las comunidades en la Comisión Mixta de Transferencias.

En cuanto a la ampliación de funciones del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario se ha acordado que siga la puesta en práctica de las nuevas medidas de racionalización y moderación del gasto sanitario.

Además, deberá ocuparse del destino de los recursos incorporados en los Presupuestos Generales del Estado para incrementar las aportaciones al Sistema Nacional de Salud.

También tendrá que ver en qué medida los anticipos a cuenta que recibirán las comunidades han sido utilizados para ayudar a la reducción sanitaria.

Mientras que el martes las comunidades aceptaron por unanimidad ese control, en una reunión pasada  lo rechazaron, así como la subida, por parte de los Ejecutivos autónomos, del céntimo sanitario -que ahora sólo aplican Madrid, Asturias, Galicia y Cataluña- y del impuesto de matriculación, y fijar uno sobre la electricidad.

Para Solbes, la actuación del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto sanitario va a conseguir una mayor eficacia en los recursos sanitarios.

En rueda de prensa posterior, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, que habló en representación de las comunidades gobernadas por el PP -Castilla y León, Madrid, Murcia, Baleares y La Rioja-, afirmó que el Gobierno "ha tenido en cuenta las sugerencias" de estas autonomías.

Recordó que hace una semana descartaron debatir y tomar acuerdos al respecto por el poco tiempo que les había dado el Gobierno.

De la ampliación de funciones del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario, dijo que ese "seguimiento, control y transparencia" será de "ida y vuelta" y no como pretendía el Gobierno, sólo de las comunidades autónomas.

Explicó que aún esperan el desarrollo de esas medidas, como el criterio de reparto y las cuantías que corresponden a las distintas comunidades respecto del fondo de residentes extranjeros o de la cobertura de la asistencia sanitaria de los trabajadores públicos que estén asegurados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

También se preguntó cómo quedará determinado el reparto del fondo de cohesión y reconoció que otras cuestiones sí quedaron aclaradas en la sesión del martes, como que los anticipos a cuenta "no están afectados a la financiación sanitaria", aunque sí aceptan informar al Gobierno de lo que se destina a ese capítulo.

En cuanto a la abstención en el incremento de la capacidad normativa, Camps recordó que ya lo hicieron anteriormente; y anunció que, en próximas reuniones del Consejo, exigirán que "la cuantía de la que hace gala el Gobierno para la mejora de la financiación sanitaria, 1.766 millones de euros, sea absolutamente verdad".

Exigió que si en 2006 esas partidas no se ejecutan completamente "el diferencial se reparta entre todas las autonomías como se repartió el fondo inicial de 500 millones". EFE

jmj-il/jla

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